El nuevo reglamento europeo comienza a funcionar oficialmente el día 25 de mayo, y cuidará que los usuarios puedan controlar toda su información personal. El mal uso de esta información por parte de las empresas, puede ser objeto de reclamaciones en busca de grandes compensaciones económicas para los afectados.
Esta nueva ley, que afecta a millones de personas en Europa, viene a regular de una forma moderna y ajustada la inmensa transferencia de datos en la que nos vemos envueltos diariamente en la llamada «sociedad de la tecnología». Desde ahora, los usuarios podrán disponer de la gestión de sus datos, saber quién y cómo se están tratando esos datos, y tomar decisiones al respecto para defender sus derechos.
El mayor riesgo para las empresas reside en que este cambio las obliga a pedir consentimiento expreso y específico al ciudadano para cada uso que se quiera hacer de los datos; y las multas, de no cumplir, son millonarias. De hecho, desde los organismos públicos se está invitando a las empresas a que si no se puede demostrar que se tiene el consentimiento expreso del titular de los datos, es mejor que directamente los borre.
La Agencia Española de Protección de Datos realizará inspecciones para pedir a las organizaciones y empresas que muestren los documentos acreditativos que otorgan el permiso explícito del interesado para el uso de sus datos.
