La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sigue con su afán de trasladar a la legislativa española las directivas comunitarias que están en el cajón desde hace meses.
El consejo de ministros aprobará mañana un proyecto de ley que debió haber entrado en vigor el pasado 10 de junio y que tiene como grandes novedades la posibilidad de dar doble voto a los accionistas de largo plazo y que eliminará la obligación, casi exclusiva de España, de publicar los resultados del primer y del tercer trimestre.
La norma que se va a trasponer es la del fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, que fue sometida a consulta pública en mayo del año pasado. Ya ha pasado el dictamen del Consejo Económico y Social, que en general ha dado una opinión positiva, y tanto inversores como empresas como proxy advisors (asesores de voto) han enviado sus opiniones sobre el texto.
Banco Santander, BBVA y Caixabank son algunos de los bancos que están trabajando, en un grupo con más entidades financieras europeas y coordinado por el Banco Central Europeo (BCE), en una alternativa al al euríbor, índice de referencia en Europa para los préstamos hipotecarios.
Este índice, el más utilizado para la compra de una vivienda en España, se ha situado en el -0,287% en el mes de febrero, lo que permitirá un ahorro de entre 150 y 300 euros para el próximo año a las personas que deseen actualizar su cuota ahora. El pasado mes fue, además, el 49 en negativo, es decir, más de cuatro años por debajo del cero.
Las entidades buscan un nuevo tipo de referencia
Es por ello que las entidades buscan un nuevo tipo de referencia. El nuevo, que podría estar listo en un año, estará gestionado por Thomson Reuters, por el Instituto Europeo de Mercados Monetarios (EMMI, por sus siglas en inglés), y por dos proveedores financieros: el ICE y el británico FTSE Russell, que gestiona por ejemplo la Bolsa de Londres.
La actualización del euríbor
El pasado enero entró en vigor la remodelación del euríbor, denominado euríbor plus, después de que el EMMI llevara trabajando en la actualización desde 206.
El cambio, de hecho, estaba previsto en el reglamento 2016/1011 de la Unión Europea, el mismo que refula los índices de referencia en el espacio comunitario.
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