Reforma de los agricultores y explotaciones agroalimentarias

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El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto ley para reformar la Ley de cadena alimentaria y garantizar la rentabilidad de las explotaciones agroalimentarias, según informó este lunes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el Congreso.

Este decreto ley, ha explicado, permitirá “un refuerzo de la posición negociadora” de los productores agrícolas y ganaderos, un “mayor equilibrio en la cadena alimentaria” y una “mayor transparencia en el proceso de formación de los precios”.

Tras comparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar la reforma de la Ley de cadena alimentaria, Planas se reunirá con la mesa del diálogo agrario y las tres asociaciones convocantes de las movilizaciones en el campo, Asaja, UPA y COAG.

La principal demanda de los agricultores es lograr unos precios justos en origen que les permitan cubrir los costes de producción. Uno de los factores que influye es la subida del salario mínimo especialmente en los cultivos más extensivos en mano de obra como el olivar, el viñedo o las frutas y hortalizas.

Las organizaciones agrarias sostienen que “la práctica totalidad de los agricultores están inmersos en una grave crisis de rentabilidad”.

Sus protestas se han vuelto violentas en un par de ocasiones, ambas en Extremadura, pero se desarrollan de forma pacífica en su mayoría. El ministro no les ha pedido que abandonen las manifestaciones, un gesto que los agricultores agradecen.

En la cumbre europea celebrada el pasado fin de semana, España luchó para que no se redujeran las ayudas agrarias y rechazó el recorte previsto (del 14%, según la propuesta del Consejo), por lo que no hubo acuerdo.

Sector agrario

Al finalizar la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas que tuvo al campo y la PAC como gran protagonista, Sánchez ya confirmó que esta reforma se aprobaría en el Consejo de Ministros de este martes.

El presidente habló abiertamente de “control de precios”. Pero Planas ha insistido en varias ocasiones en que el control de precios es inviable y no sería permitido por la UE. Las medidas que ultima el Gobierno van destinadas a nadar en el equilibrio de forzar subidas de precios en origen pero sin regularlos directamente.

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