miércoles, noviembre 19, 2025
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El nuevo mapa de restricciones: Las Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades españolas

La movilidad urbana en España está experimentando una transformación regulatoria obligatoria que afecta directamente al uso del vehículo privado. A raíz de la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, así como aquellos de más de 20.000 con problemas de calidad del aire, están obligados legalmente a establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Esta medida no es opcional, sino un imperativo legal que redibuja el mapa de acceso a los centros urbanos y áreas metropolitanas.

La implementación de estas zonas supone, en la práctica, la creación de perímetros restringidos donde la libertad de circulación queda supeditada a la clasificación del parque móvil según el sistema de etiquetado de la Dirección General de Tráfico (DGT). Los vehículos quedan divididos en categorías (Cero, ECO, C, B y sin etiqueta), estableciéndose un sistema de cribado que impide progresivamente el acceso a los coches más antiguos, independientemente de su estado de conservación o del uso que sus propietarios necesiten hacer de ellos.

Para el conductor promedio, esto implica una nueva capa de burocracia y vigilancia. Las ciudades están desplegando sistemas de control automatizado mediante cámaras de lectura de matrículas conectadas a bases de datos municipales y estatales. El incumplimiento de estas normas conlleva sanciones económicas que, tras la reforma de la Ley de Tráfico, se consideran infracciones graves con multas estandarizadas de 200 euros.

Esta normativa obliga a millones de ciudadanos a replantearse su movilidad diaria, no por elección, sino por la imposibilidad técnica de acceder a sus viviendas, lugares de trabajo o comercios si su vehículo no cumple con los estándares exigidos. La medida afecta de manera transversal a la logística urbana, al transporte de mercancías y a los residentes, quienes, dependiendo de las ordenanzas municipales específicas de cada ayuntamiento, pueden tener moratorias o verse obligados a renovar sus vehículos forzosamente para no quedar aislados de las almendras centrales de sus propias ciudades.

El despliegue de las ZBE es heterogéneo; mientras algunas ciudades aplican restricciones severas e inmediatas, otras lo hacen de forma escalonada, generando un mosaico normativo complejo donde el conductor debe conocer las reglas específicas de cada municipio para evitar sanciones.

El conflicto político en Málaga: VOX frente a las restricciones del Partido Popular

En el contexto específico de Málaga, la implementación de la Zona de Bajas Emisiones ha generado un marcado enfrentamiento político. El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular (PP), avanza en la aplicación de estas medidas restrictivas siguiendo los mandatos europeos y nacionales, diseñando un plan que limita el acceso al centro y otras áreas a determinados vehículos.

Frente a esta gestión, el grupo municipal de VOX en Málaga se ha posicionado como la principal fuerza de oposición a las restricciones de movilidad. La formación política liderada en el consistorio por Antonio Sevilla ha denunciado reiteradamente lo que consideran una «cruzada contra el vehículo privado» por parte del equipo de gobierno popular.

La postura de VOX se basa en la defensa de los conductores de «toda la vida». Argumentan que las restricciones impuestas por el PP son una medida elitista que castiga a las clases trabajadoras y a las familias humildes, quienes no tienen la capacidad económica para comprar coches eléctricos o híbridos de última generación. Según VOX Málaga, el PP está aplicando con «fanatismo» unas políticas que limitan la libertad de movimiento de los malagueños y perjudican al comercio local del centro, al impedir que los clientes accedan con sus vehículos habituales.

VOX ha exigido en diversos plenos y comunicados que se paralicen las sanciones y se reviertan las limitaciones, acusando al Partido Popular de comprar la agenda ideológica que criminaliza el coche de combustión y de imponer multas recaudatorias en lugar de ofrecer soluciones reales de movilidad que no pasen por la prohibición.

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