Si el pago de impuestos ha sido siempre algo difícil de digerir para los contribuyentes, en el caso de las empresas desde diciembre de 2016 lo va a ser aún más. El Gobierno ha decidido endurecer el régimen de aplazamientos para los autónomos y PYMES.
La medida está enmarcada en el Plan de Hacienda contra el déficit, cuyo objetivo no es otro que recaudar 7.500 millones de euros que nos permitan cumplir con nuestros compromisos comunitarios. En teoría, las empresas que hasta ahora hacían uso de esta ayuda se encontraban de por si en una situación difícil para hacer frente al pago de impuestos, de ahí que solicitaran al fisco poder cumplir con sus obligaciones de una forma “más cómoda” solicitando un aplazamiento por meses. Esa situación de dificultad ahora puede verse agravada con esta medida.
Pero en cambio, lo cierto es que Hacienda sospechaba que el sistema de aplazamientos estaba siendo usado por muchas PYMES y autónomos como un método de financiación recurrente, no por motivos de falta de tesorería puntual, como en teoría debía ser. Este opción de pago nació para proteger al contribuyente, haciendo que aquellas facturas emitidas aun no cobradas por tener fechas de vencimiento a 30, 60 o más días, no supusieran un problema a la hora de abonar su IVA. En otras palabras, se trataba de asegurar que la empresa pagase el IVA siempre después de cobrar a su cliente, y que en ningún caso lo tuviera que adelantar.
Con la modificación de la ley, Hacienda endurecerá la obligación de demostrar los problemas de liquidez por falta de cobro para proceder a la concesión de aplazamiento. El Real Decreto ya ha sido publicado con lo que sus efectos son inminentes.
