Los usuarios de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y los de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, que desde mañana 1 de enero del 2020 dejarán de pagar por circular por esas vías de alta capacidad se ahorrará unos 300 millones de euros, según los datos del Ministerio de Fomento, a quien le corresponde a partir de ahora la gestión de los 468 kilómetros de las autopistas.
La mayor parte de esa cantidad corresponde a la vía que transcurre por el litoral mediterráneo y 60 millones a la que une las capitales andaluzas, que estaban gestionadas por Abertis por medio de Aumar hasta que finalizó la subcontrata.
La mayor parte del impacto del levantamiento de peajes en la vía litoral se concentran en la Comunidad Valenciana; unos 175 millones, el resto 55 millones corresponden al tramo de la AP-7.
Fomento calcula que si se considera el incremento del tráfico que se producirá en estas dos vías: un 30%, el ahorro total para los usuarios alcanzará los 380 millones de euros, de los que 300 millones se producirán en la vía mediterránea.
Impacto para el bolsillo
El impacto se notará en la empresa concesionaria y en el bolsillo de los usuarios, su repercusión también se dejará notar en los Presupuestos del Estado, ya que el Ministerio de Fomento, se hace cargo, de las labores de conservación, labor que correspondía a la empresa concesionaria hasta hoy.
Estas labores tienen un coste significativo,que debe ser asumido por el presupuesto destinado a carreteras del Ministerio, ha puntualizado fuentes de Fomento.
Fomento ha licitado cinco contratos de servicios para la conservacióny explotación de ambas autopistas, por un importe de 32,4 millones anuales.Todavía no se han adjudicado, además se han licitado 12 contratos de concesión de servicios, para la gestión a cinco años, de cada una de las 12 áreas de servicios que existen en las autopistas que revierten (tres en la AP-4 y nueve en la AP-7).