Guerra abierta en la movilidad de Barcelona: el pulso del Taxi y la supervivencia de las VTC

Barcelona se ha convertido en el «zona cero» del conflicto de movilidad urbana en Europa. Lo que comenzó como una disputa comercial ha mutado en una compleja batalla política y judicial donde el sector del taxi ha demostrado una capacidad de influencia decisiva sobre las instituciones catalanas. La controversia actual gira en torno a la inminente aprobación de una nueva normativa en el Parlament de Catalunya que, según denuncian las patronales de VTC (Vehículos de Turismo con Conductor), podría suponer la desaparición práctica de plataformas como Uber, Cabify o Bolt en la ciudad condal.

La influencia del sector del taxi sobre la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es innegable. A través de movilizaciones masivas y la paralización de vías neurálgicas como la Gran Via, las asociaciones de taxistas han logrado que las administraciones legislen con una clara tendencia proteccionista hacia el servicio público del taxi. El argumento del taxi es que las VTC operan como «taxis encubiertos» sin estar sujetas a las mismas regulaciones de precios y obligaciones, depredando el mercado y precarizando el sector.

Sin embargo, el punto crítico actual reside en el nuevo texto legislativo que se cocina en el Parlament. Esta ley busca blindar al taxi imponiendo requisitos técnicos y administrativos a las VTC que muchas consideran inasumibles (longitud mínima de los vehículos, seguros más costosos y licencias urbanas específicas adicionales a las estatales). Para el sector de las VTC, esto no es una regulación, sino una expropiación encubierta de derechos y una maniobra política para eliminar la competencia, cediendo ante la presión del «lobby» del taxi.

El sector de las VTC ha iniciado una lucha activa contra este proyecto de ley, argumentando que vulnera la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que prohibió restringir a las VTC con el único fin de proteger la viabilidad económica del taxi. Las empresas y conductores de VTC advierten que la aprobación de esta ley desencadenará una oleada de reclamaciones patrimoniales millonarias contra la administración y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Mientras el Parlament ultima la votación, Barcelona vive una tensión latente entre un sector tradicional que exige exclusividad y nuevas plataformas que luchan por no ser expulsadas del mapa mediante decretos.