Muertes de dependientes sin prestación

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En el año 2019 en torno a 31.000 personas dependientes en España han fallecido sin recibir la prestación o el servicio que les correspondía, es decir, que 85 personas cada día han muerto sin esa atención.

Así lo denuncia el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Ramírez detalla también que las personas que piden atención en aplicación de la Ley de Dependencia esperan una media de 426 días para la tramitación del expediente completo y en cuatro comunidades autónomas se superan los 18 meses: Canarias (785 días), Extremadura (675 días), Andalucía (621 días) y Cataluña (576 días). “Es un plazo absolutamente insoportable”, subraya.

Por otra parte, hace hincapié en que este año, “por primera vez desde el año 2015”, ha aumentado la lista de espera, por lo que 2019 “ha sido un año de retroceso” en este sentido.

Aumentan las listas de espera

No obstante, José Manuel Ramírez apunta, como “positivo”, que en 2019 se ha recuperado la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales. “Eso hay que ponerlo en valor. El Gobierno, sin presupuesto, ha podido recuperarlo y en este momento la tienen 50.000 cuidadoras no profesionales. Debería haber más. El ritmo es lento pero también afecta la inestabilidad política”, argumenta.

Nos han facilitado a información y hemos podido hacer análisis más certeros y mejores para una planificación que mejore el sistema”, aclara.

Esta espera provoca, además, según se desprende del mencionado estudio, “gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares”. Especialmente a las mujeres, ya que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas.

Respecto al tiempo que esperan los dependientes, el plazo medio de tramitación de un expediente es de 426 días, pero en cuatro comunidades se superan los 18 meses. Por normativa, explica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días) y solo Ceuta (70 días); Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (191) están por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios.

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